El Tribunal de Fiscalización Laboral de Sunafil ha establecido un precedente vinculante que refuerza el principio de razonabilidad frente al poder sancionador del Estado. En un caso reciente, una empresa fue sancionada por no realizar monitoreos ocupacionales a un grupo reducido de trabajadores administrativos, a pesar de haberlo hecho para la mayoría del personal expuesto. La multa se impuso considerando el total de trabajadores sin monitoreo, sin diferenciar el nivel de riesgo ni las tareas realizadas.
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